Ante
la presencia de la ministra de Educación, el rector de la Universidad de
Panamá, Rectores y docentes
universitarios (públicos y privados), la Comisión de Educación y Cultura de la
Asamblea Nacional de Diputados, prohijó el Anteproyecto de Ley 133, que reforma
la Ley 30 de 2006, que rige los procesos de evaluación y acreditación de las
universidades en Panamá.
La
titular del MEDUCA, Marcela de Paredes, destacó que las modificaciones a
la Ley 30 es un feliz logro para todo el sistema educativo y espera que
mediante estos cambios se mejore su reglamentación actual, se aclaren algunos
puntos, y se fortalezca el proceso de apoyar a las universidades en
un mejoramiento continuo, elemento central de la iniciativa.
En
su parecer, el rector Gustavo García De Paredes señaló que este documento
representa un esfuerzo entre todos los rectores, y de MEDUCA para
modificar aquellos puntos que resultaban inquietantes. A su juicio, hubo una
redacción que equivale a una aplicación igualitaria, tanto en las privadas como
en las públicas, hay seguridad jurídica, además de que propicia una estabilidad
en la educación superior.
El
presidente de la instancia parlamentaria, Juan Miguel Ríos, señaló que es un
instrumento legal producto de un año de estudio, consensuado, y que tiene
como meta actualizar las universidades del país.
En
la década del 90, una comisión formada por una representación de Consejo de
Rectores y del Ministerio de Educación trabajaron en un proyecto de ley que
estableciera un sistema de acreditación de la educación superior, no como
un objetivo, sino como el medio para garantizar la existencia de un sistema de
educación de calidad.
Desafortunadamente,
los docentes consideraron esta ley, las normas fueron malinterpretadas y sus
aplicaciones irregulares que se dieron por parte de algunas autoridades de la
administración anterior originaron situaciones que finalizaron con la
confrontación y que dieron lugar a las universidades a sentar posiciones
públicas de rechazo por el carácter punitivo con que se desarrollaron los
diferentes procesos alrededor de la acreditación universitaria.
Las
universidades estatales y particulares hicieron causa común en defensa de
la acreditación universitaria, por considerar la importancia que ello
representa para el desarrollo y el fortalecimiento de la calidad educativa.
